Ayuntamiento de Totana
El Servicio de Asesoramiento al Usuario de los Servicios Municipales informa sobre la adaptación a la normativa comunitaria en relación al cobro de las bolsas de plásticos en los comercios


05/02/2018

El Servicio de Asesoramiento al Usuario de los Servicios Municipales de la Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Totana quiere ofrecer información sobre la nueva realidad social y la adaptación a la normativa comunitaria en relación al cobro de las bolsas de plásticos en los comercios.

A partir del 1 de enero de 2018 todas las bolsas plásticas de cualquier tipo y tamaño pueden ser cobradas, aunque el Gobierno estatal está dando un margen de adaptación hasta el 1 de marzo próximo que será cuando la Ley se imponga con todas sus consecuencias.

Únicamente serán gratuitas las muy ligeras para transportar alimentos vendidos a granel. Todo ello es consecuencia del traslado a la legislación española de la Directiva 2015/720 de la Unión Europea para la reducción del consumo de plástico en sus países miembros.

La norma recoge que los estados deberán adoptar medidas para reducir el consumo de de bolsas de plástico, también cita la adopción de instrumentos para que no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico.

En este año 2018 va a entrar en vigor una norma que obliga a cobrar entre cinco y treinta céntimos por cada bolsa que entregue un comercio. Un proyecto de real decreto del Gobierno, aún en tramitación pero del que se conoce su borrador, que incorporará al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2015/720 para reducir el consumo de bolsas de plástico en toda la UE mediante medidas como el cobro de un precio mínimo por cada una de ellas.

Las bolsas costarán un mínimo de entre 5 y 30 céntimoscada una de ellas dependiendo de sus características, aunque el Ministerio de Medio Ambiente subraya que se trata de precios orientativos: las más baratas -5 céntimos- serán las de plástico compostables con un espesor de hasta 29 micras, seguidas por las de 30 micras o más y las de 29 micras o más pero no compostables -10 céntimos-, las de 30 micras o más no compostables -15 céntimos- y las oxodegradables de 50 micras o más -30 céntimos-.

La nueva normativa establecerá que los comerciantes no podrán entregar de manera gratuita las bolsas ligeras -con un espesor inferior a 50 micras- a los consumidores en los puntos de venta, salvo excepciones «según el uso específico, su compostabilidad o durabilidad», debido a que su consumo produce «altos niveles de residuos dispersos, suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que aumenten si no se toman medidas».

También estarían exentas de esta medida las bolsas de menos de 15 micras utilizadas como envase primario para alimentos a granel, mientras que las compostables tendrán por ley un precio inferior al establecido para las de plástico convencional.

El proyecto de real decreto prohibirá expresamente la comercialización de bolsas de plástico ligeras oxodegradables debido al «perjuicio para los suelos, el agua y los organismos» que generan ya que en lugar de descomponerse se fragmentan en micropiezas de plástico que contaminan el medioambiente. 

Las legislación europea aspira a reducir el nivel de consumo anual a un máximo de 90 bolsas por persona a 31 de diciembre del 2019 y no más de 40 a 31 de diciembre del 2025.

En la actualidad y según diversos estudios, se utilizan hasta 238 bolsas por persona y cada una de ellas tarda unos 400 años en descomponerse totalmente; además, apenas un 10 % se reciclan, lo que genera unas 100.000 toneladas de residuos al año.

De acuerdo con los datos proporcionados por el sector e incluidos en el proyecto de real decreto, sólo en el 2014 se pusieron en el mercado español 62.560 toneladas de bolsas de plástico de menos de 50 micras, equivalentes a más de 6.700 millones de unidades.

La nueva normativa incluye igualmente la obligación de lanzar campañas de sensibilización el menos durante el primer año desde la entrada en vigor del proyecto, así como la de marcar las bolsas compostables.

Además, se crearía el Registro de «productores de productos» (REPP), adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que recopilará la información sobre la llegada al mercado de este tipo de artículos.

El REPP nace en principio con tres secciones: productores de pilas, acumuladores y baterías; de aparatos eléctricos y electrónicos, y de bolsas de plástico. A día de hoy, la mayoría de supermercados y grandes superficies españolas ya cobran por las bolsas de plástico, aunque todavía no existe ninguna prohibición específica en este campo.

A partir de la década de los 50, de manera paulatina, se fue incorporando el plástico en sus múltiples variantes a la vida doméstica de los hogares españoles, lo que conllevó múltiples ventajas que ofrece un material versátil, ligero y económico.

Sin embargo, el proceso de extracción de la materia prima (petróleo), distribución y fabricación en el uso y gestión de los residuos de plásticos ha derivado en una verdadera alarma ambiental que hay que detener sin más demora.


Fuente: totana.es

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