14/05/2017
El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha presentado una moción al pleno de mayo en la que propone reafirmar la solidaridad y el apoyo institucional del Ayuntamiento de esta localidad con el pueblo saharaui en su lucha por sus legítimos derechos para su libre determinación.
Además, se insta al Gobierno de España a que siga defendiendo ante la ONU el plan de paz, reiterando que el problema del Sahara Occidental es un proceso de descolonización inacabado que debe ser solucionado de acuerdo al Derecho Internacional.
En la misma propuesta, se exige el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y la inmediata liberación de los 25 presos políticos de Gdeim Izik, que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en febrero de 2013 y condenados a fuertes penas que varían desde los 20 años a la cadena perpetua.
El acuerdo establece solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que se adopten las medidas necesarias para la rápida aplicación de la ampliación del mandato de la MINURSO para garantizar el respeto a los derechos humanas en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
También se insta a la Unión Europea a que respete la legalidad internacional en los acuerdos que pueda suscribir con el Reino de Marruecos, de manera que no afecten al territorio ni a las aguas del Sahara Occidental ni a los derechos políticos y económicos del pueblo sahararui.
La moción de la Alcaldía aboga por incrementar la ayuda alimentaria y la cooperación a la población saharaui que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de Tindouf para paliar las extremas condiciones de vida de sus habitantes.
Contexto histórico
Marruecos ocupó el Sáhara Occidental de forma violenta en los años 70 y el pueblo saharaui desde entonces lucha por la autodeterminación, siendo el campamento de Gdeim Izik, que fue levantado en 2010, espejo de esta reivindicación y lucha pacífica donde miles de saharauis estaban en protesta hasta el brutal desmantelamiento, tras lo cual fueron detenidos y torturados cientos de saharauis.
Su proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, cuando su potencia administradora, España, abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania —tras la Marcha verde y conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid (1975), no válidos según el Derecho Internacional.
El territorio está ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, que lo llama sus Provincias Meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo y es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida hasta el momento por más de ochenta países. La RASD administra la región al este no controlada por Marruecos, la cual denomina Zona Libre.
El 8 de noviembre de 2010 la Policía y el Ejército marroquí arrasaron a sangre y fuego el Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad) situado a las afueras de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, donde un mes antes se habían congregado unos 20.000 saharauis.
Se trataba de un pacífico campamento de protesta en el que los saharauis denunciaban la discriminación social y civil a la que eran sometidos por las autoridades marroquíes en sus propias tierras del Sahara Occidental ocupado y, sobre todo, el cumplimiento de la resoluciones de Naciones Unidas que defienden el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de un referéndum.
Fuente: totana.es