Ayuntamiento de Totana

EL PP DE TOTANA INSTARÁ AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A QUE NO SE PRODUZCA RECORTE EN EL FONDO DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, YA QUE SE ROMPERÍA LA COHESIÓN SOCIAL

(24/04/2009)

El Grupo Municipal Popular solicitará al Gobierno de la Nación, en el próximo pleno que se celebrará el martes 28 de abril, que no se produzca recorte en los Presupuestos Generales del Estado 2009 en la partida destinada al Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes, ya que dicho recorte rompería la cohesión social al disminuir precisamente los fondos destinados a las atenciones más básicas, como la educación, la formación y la integración social o el aprendizaje del idioma

El Portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Valverde Reina, ha indicado que objetivo del Fondo de Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo es establecer un modelo de cooperación entre las distintas administraciones públicas y su finalidad es promover y potenciar las políticas públicas en los ámbitos de la acogida, integración, refuerzo educativo, sanidad, entre otras cuestiones, en base a principios de subsidiaridad, complementariedad y cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Además, Valverde Reina ha explicado la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno de España, ha confirmado que el Fondo de Integración para Inmigrantes, por estar especialmente vinculado a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, sufriría un recorte del 30%, justificando que se trata de “un reajuste presupuestario” como el que están sufriendo “todas las partidas que no afectan al gasto social”.

Estas declaraciones, según el Grupo Municipal Popular, chocan frontalmente con las realizadas hace menos de un año, por el propio Presidente del Gobierno, al asegurar que la prioridad de la legislatura sería salir de una difícil situación económica, al mismo tiempo que se comprometía a mantener el gasto social del Estado.

Tal y como ha subrayado el Portavoz municipal este recorte presupuestario ha generado una situación de preocupación generalizada en las Comunidades Autónomas porque se trata de una medida antisocial que rompe la cohesión de la sociedad y la integración de los inmigrantes, y pone en peligro la política social de las CC.AA y de los Ayuntamientos.