Ayuntamiento de Totana

EL PP VA A PEDIR AL MINISTERIO DE AGRICULTURA A QUE MEDIE PARA QUE LA ADAPTACIÓN DE LA NUEVA DE LEY DE BIENESTAR ANIMAL A PARTIR DE ENERO DEL 2013 NO ESTRANGULE EL SECTOR GANADERO Y LE RESTE COMPETITIVIDAD RESPECTO A TERCEROS PAÍSES

(20/09/2012)

El concejal de Agricultura, Diego Muñoz, va a presentar una moción en el pleno de este mes desde el Grupo del PP para pedir al Ministerio de Agricultura a que medie para que la adaptación de la nueva de Ley de Bienestar animal a partir de enero del 2013 no estrangule el sector ganadero y le reste competitividad respecto a terceros países.

La moción también solicitará a la Consejería de Agricultura de Murcia a que presione en el debate sobre la Política Agraria Comunitaria (PAC) para impedir que la excesiva burocracia en los movimientos ganaderos dentro de la UE continúe perjudicando al sector.

Muñoz dice en la moción que “el futuro de las explotaciones ganaderas se presenta muy difícil, especialmente las de porcino, como consecuencia de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2013, de la Ley de Bienestar Animal, la transposición de una directiva europea que obligará al aumento de la superficie de granja por cada cabeza de ganado que contenga”.

En el caso del porcino configura el primer producto en cantidad y en importancia de la ganadería murciana, y representa el 10% del total nacional con más de 5.000 granjas en el conjunto de la geografía regional, que facturan cerca de 800 millones de euros anuales y emplean a más de 17.000 personas. La industria porcina representa el 70% de la producción final ganadera.

En la actualidad, son muchas las familias en Totana que viven de este importante sector económico. El número de explotaciones de reproductores y cebo que existe en la comarca del Guadalentín asciende a 1.468, mientras que son 614.766 el número total de cabezas que integran el censo.

La aplicación práctica de esta norma europea puede suponer el cierre de la mayoría de los cebaderos de porcino de esta comarca, así como de muchas de las explotaciones de reproductores, dado que va a obligar a realizar reformas en casi todas las explotaciones de porcino, que costarán a los propietarios unos 150 euros por plaza de cebo y en torno a los 230 euros por plaza de madre reproductora.

Las granjas que no se hayan adaptado a la nueva normativa en el plazo de seis meses, no podrán comercializar su ganado a partir del 1 de enero de 2013, por lo que la aplicación de la ley supondrá la ruina para los ganaderos, que en muchos casos se verán abocados al cierre de sus explotaciones.

El 80% de los ganaderos de porcino de la zona del Guadalentín están integrados en grandes grupos de producción, un sistema en el que el propietario de las instalaciones las alquila a una empresa importante del sector; mientras que el otro 20% de ganaderos mantiene granjas independientes y es el que mayor peligro tiene de desaparecer por la puesta en macha de esta legislación. Es de suponer que la mayor parte de los ganaderos libres no tendrán dinero para ejecutar las reformas.