Ayuntamiento de Totana

El Grupo Municipal Popular de Totana, a través de una moción que elevará al pleno ordinario del mes de enero, instará al Gobierno de la Nación a que formule otro procedimiento de regulación de las tarifas de la electricidad que no perjudique y grave más a los consumidores y PYMES, sacando del recibo los costes ajenos a la misma (primas a renovables, subvenciones al carbón y déficit de tarifa).

Además, el Grupo Municipal solicitará que  mientras no se establezca un nuevo procedimiento de regulación más adecuado, se prohíba, en los casos de necesidad, el corte de suministro eléctrico por parte de las operadoras por falta de pago en los hogares, estableciéndose una moratoria o un aplazamiento sin que ello suponga un coste adicional alguno.

Asimismo, pedirá que de manera clara e inmediata, por los organismos competentes que se estimen oportunos, a realizar una auditoría sobre la deuda existente del déficit tarifario. En este sentido, también apoya en su moción al Gobierno español por su agilidad y prontitud a la hora de anular el régimen de subastas que elevaba la tarifación eléctrica.

El edil popular, Félix Cayuela de Pablo, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió a finales del pasado año 2013 no validar la subasta eléctrica realizada, presumiblemente,  ante la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas. La Comisión constató la concurrencia de esta circunstancia en la última subasta eléctrica Cesur anulada por el Gobierno español, que hubiera supuesto un encarecimiento de la tarifa eléctrica de más del 10% para el primer trimestre del presente año.

Este hecho, según el informe de la CNMC, impidió que la subasta se desarrollara en un entorno de suficiente presión competitiva, por lo que se investigaron las circunstancias en que se desarrolló la subasta eléctrica y el comportamiento de los agentes que participaron en la misma. Ante esta situación, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo invalidó la subasta y dio luz verde a una subida del 2,3% en el recibo de la luz este trimestre del 2014; mientras se analiza la situación y se busca un nuevo sistema de subasta eléctrica. 

La subasta celebrada, la denominada Cesur, arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6%, lo que hubiera supuesto un alza en la tarifa final del 11% aproximadamente. La Tarifa Eléctrica de Último Recurso o TUR, como se conoce más popularmente, se denomina desde este mes de enero de precio voluntario al pequeño consumidor, y está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos. Los peajes los fija el Gobierno a través de una orden ministerial. La otra parte, el coste de la energía, se decide en estas subastas trimestrales Cesur.

De esta manera, la intervención ministerial supuso una subida real de la luz del 2,3% en enero aprobada por el Gobierno y se produjo después de que Industria anulara el anterior sistema para evitar un tarifazo del 11%, que afectaba a 16,5 millones de pequeños consumidores. 

Por partes, la subida media del 2,3% para los hogares se divide en un incremento del 0,9% de los peajes y un 1,4% del término energético de la factura. El primer incremento es el resultado de tapar con cargo al consumidor el nuevo déficit de tarifa de 3.600 millones de euros del año presente, aflorado después de que el Ministerio de Hacienda retirase la aportación presupuestaria comprometida en la última reforma eléctrica. 

Por otro lado, el Gobierno adoptó la propuesta de subida en la parte energética menos lesiva entre las sugerencias que un día antes le había trasladado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Es decir, el consejo de ministros eligió la subida del 1,4% frente a la opción del 2,9% y justificó esta decisión en reducir el impacto sobre la competitividad de la economía que supone tener la tercera electricidad más cara de Europa.

Se trata de un mecanismo transitorio aprobado que traslada al consumidor el papel de cubrir el riesgo para las comercializadoras eléctricas que puede surgir por la desviación entre el precio estipulado para la venta-48,5 euros por megavatio/hora- y el que luego registre el mercado mayorista de electricidad. Estos riesgos eran cubiertos hasta ahora por los traders (bancos de inversión que acudían a las subastas). Cada euro por megavatio/hora de desviación tendrá un coste futuro de 12 millones de euros. 

El nuevo mecanismo trasladará la desviación al recibo del siguiente trimestre, lo que implica una distorsión de precios respecto al que estipule el propio mercado, cuyo sistema ha sido criticado duramente por las eléctricas porque genera al parecer déficit de tarifa en la parte liberalizada del recibo, tras dos años de fuertes recortes para contener este desajuste en la parte regulada. 

Este procedimiento no satisface ni a consumidores y PYMES ni a compañías eléctricas, por lo que se hace necesaria una herramienta y un régimen que regularice la tarifación sin que ello suponga merma a los primeros después de que se liberalizara el sector y de que en los últimos años, sobre todo durante el Gobierno del PSOE, se incrementara el precio de la electricidad.