Ayuntamiento de Totana

EL PP PIDE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE TRANSFIERA A LOS AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS EL COSTE DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

(17/05/2005)

El Partido Popular de Totana va a instar a su Grupo Municipal en el Ayuntamiento para que presente una moción en la que se solicitará al Gobierno de la Nación que transfiera a las comunidades autónomas y ayuntamientos, entre ellos el Consistorio totanero, la cuantía económica que estas instituciones destinan a la atención de las prestaciones en materia de vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, para la adecuada integración social de los inmigrantes.

El portavoz de la Ejecutiva del PP y concejal popular, José Martínez Andreo, criticó la incoherencia que ha seguido el Gobierno de la Nación del PSOE en el proceso de regularización de inmigrantes, el cual calificó de “incoherente, confuso e irresponsable” porque ha generado, en su opinión, “inseguridad jurídica y arbitrariedad”.

Martínez Andreo denunció la “improvisación” demostrada por el Gobierno socialista, y en particular por el Ministerio de Trabajo que dirige Jesús Caldera, en las últimas semanas del proceso al permitir la regularización a través del empadronamiento por omisión, que se desarrolló desde mediados de febrero hasta el 7 de mayo.

El concejal del PP defendió esta propuesta porque “los miles de inmigrantes que han llegado a la Región cada día, como consecuencia del proceso que el Gobierno ha realizado, después de haberlo anunciado más de medio año antes, requieren de las administraciones un importante incremento de los recursos económicos destinados a atender las prestaciones que su integración precisa”.

Recordó que los últimos acontecimientos demuestran el “efecto llamada” que ha generado este proceso de regularización de inmigrantes, como ha sido la llegada de inmigrantes en pateras a las costas españolas o ciudadanos paquistaníes que aguardaban en la frontera franco-española.

José Martínez explicó que, en este tiempo, han sido 9.000 los ciudadanos inmigrantes que han pasado por el Ayuntamiento de Totana para solicitar atención sobre dicho proceso, de los que unos 2.800 han solicitado el certificado de empadronamiento por omisión; y de éstos sólo 400 cumplían los requisitos requeridos por el Ministerio y sólo 200 han obtenido el empadronamiento; por lo que muchos cientos continúan en situación ilegal en Totana.

Además, dijo que el proceso ha generado “inseguridad” porque no ha solucionado el temor que tienen los agricultores murcianos de perder mano de obra por la fuga de inmigrantes, a quienes se les abre la puerta para lograr los papeles y en cuanto los tienen se van a otros sectores.

El edil justificó la moción porque tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos, especialmente las de mayor afluencia migratoria como Totana, están padeciendo una asfixia económica al dedicar a esas prestaciones más recursos de los previstos y disponibles”.

Recordó que el Gobierno diseño el proceso, cambiado de opinión sobre la documentación necesaria hasta en cuatro ocasiones, sin contar con los entes territoriales y sin transferir fondo alguno, al tiempo que cifró en 2.300 millones de euros el coste que el Ministerio debería transferir al conjunto de las administraciones afectadas.

Precisó que cada ayuntamiento deberá la cuantía necesaria para cubrir las atenciones de estas personas y reiteró que la normalización de inmigrantes que ha realizado el Gobierno socialista ha sido “un parche” y cada día han llegado a Totana cientos de personas a diario desde que anunciaron la regularización.

Martínez Andreo indicó que son personas que han llegado a Totana con la esperanza y el anhelo de encontrar trabajo y ahora se encuentran en una situación irregular, por lo que preguntó al Gobierno de Zapatero qué va a pasar ahora con estos inmigrantes residentes en el municipio y qué medidas adoptará respecto a los ciudadanos inmigrantes en situación irregular.

Asimismo, criticó que el proceso de regularización y la política de inmigración del Gobierno socialista es opuesta a la del resto de países de la UE, lo que ha empujado a los ciudadanos de terceros países a intentar acceder a través de nuestro país.