Ayuntamiento de Totana

(15/11/2001)

Con motivo de la rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal Popular, en donde acusaban al actual equipo de gobierno de "persecutorio con los ciudadanos, trasmitiendo los expedientes por infracciones urbanísticas al Juzgado", el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana, Antonio Megal Cifuentes, salió al paso de estas acusaciones, trasmitiendo a toda la ciudadanía, a través de una rueda de prensa celebrada esta mañana, la seguridad y tranquilidad de que la concejalía de Urbanismo "está llevando a cabo las gestiones sometidas estrictamente a la legalidad". En este sentido denunció la hipocresía y la falta de responsabilidad política del PP, que se basan en una política populista, y demagoga buscando la crispación social y entorpeciendo la agilidad de los trámites realizados por el gobierno local.

El concejal de Urbanismo desmintió las acusaciones vertidas por el PP en la que denunciaban que el actual equipo de gobierno utilizaba dos varas de medir, ya que según declaró "desde la entrada del nuevo equipo de gobierno, progresista, tolerante y cercano al ciudadano, han desaparecido las dos varas de medir, el amiguismo y enchufismo, que definían al anterior equipo de gobierno del PP, encabezado por Juan Morales y Juan José Salas". Asimismo, Megal Cifuentes manifestó que el portavoz del PP, Juan José Salas, en la rueda de prensa que dio se limitó a trasmitir intranquilidad e inseguridad a los ciudadanos declarando que el actual equipo de gobierno era persecutorio con los ciudadanos, ya que tramitaba los expedientes al Juzgado, un procedimiento que negó que ellos realizaran durante su legislatura. Al respeto, el edil desmintió estas acusaciones e hizo referencia a los expedientes de disciplina urbanística que actualmente se encuentran en el Juzgado, por lo que realizó una descripción histórica del proceso. Desde la entrada en vigor del código penal de 1995, existe un delito denominado "Contra la ordenación del territorio" que castiga a los autores de edificaciones no autorizables en suelo no urbanizable, según informó el edil, quien señaló que "puesto que la ley obliga, si se abre un expediente en el Ayuntamiento resulta que se ha ejecutado una edificación no autorizable en suelo no urbanizable, desde el Ayuntamiento debe darse traslado a la Fiscalía que determine si existe delito o no y si se inicia un procedimiento penal. No obstante, matizó que, esta obligada remisión a Fiscalía, "no se ha realizado por esta corporación exclusivamente, ya que existen expedientes incoados durante los años 96, 97, 98 y 99, remitidos exactamente igual que ahora". Prueba de ello, fueron los expedientes sancionadores firmados por el anterior alcalde, Juan Morales, que el concejal facilitó a los medios (privando de los datos personales) para que comprobaran la veracidad de sus declaraciones. En este sentido, la única diferencia entre los actos de uno y otro equipo de gobierno es que, a partir del año 2001, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha cambiado de criterio, según señaló Megal Cifuentes, quien explicó que ahora, el Juzgado considera las diligencias como penales, cuando hace cuatro años ha venido devolviendo lo que se le mandaba porque consideraba que no era delito. Al respecto, señaló que estos procedimientos se han tramitado de igual forma en lo que se refiere a la intervención del fiscal en una y otra corporación, aunque la oposición trate de aprovecharse y explotar políticamente la situación" y, declaró que "desconocemos la motivación de este cambio de criterio de la Fiscalía, que tanto afecta a un municipio con equipo de gobierno socialista, y coincidente con la entrada en vigor de la nueva ley del suelo, del PP, que agrava considerablemente las sanciones por infracción urbanística". Por último, el edil reiteró el criterio de objetividad y legalidad que rige la actuación municipal, recordando que entre los expedientes que se encuentran en el Juzgado estaban los de algunos familiares de miembros del equipo de gobierno o de importantes empresarios del municipio. Al respecto, hizo un llamamiento a la ciudadanía, solicitando que fueran responsables con la disciplina urbanística, ya que las sanciones por infracciones habían aumentado en un 50%, y que, antes de realizar cualquier tipo de edificación, solicitaran información en la concejalía de Urbanismo, que está a disposición de los ciudadanos.