Ayuntamiento de Totana

(05/11/2002)

El primer teniente de alcalde, Juan José Cánovas Cánovas, apuntó que su grupo municipal considera las medidas adoptadas por el Gobierno de Aznar de extrema gravedad, ya que suponen la exclusión del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de miles de trabajadores y trabajadoras eventuales del campo.

El primer teniente de alcalde ha hecho pública la postura de su grupo municipal con relación a la reciente entrada en vigor del Real Decreto 459/2002 de 24 de mayo, promulgado por el Gobierno de Aznar, que modifica las condiciones del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Esta modificación y las medidas que en él se contemplan, que afectan tanto a empresarios como a trabajadores, supondrá la exclusión de este régimen de miles de trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, según explicó Cánovas. El edil apuntó que Totana es un pueblo eminentemente agrícola y que el 63 % de las pensiones que perciben los vecinos y vecinas son por cotizaciones al R.E.A (Régimen Especial Agrario), cifra que da una idea de la repercusión que va a suponer que en los próximos meses más de 2.500 trabajadores de la localidad (el 50%) quedarán excluidos de este régimen, lo que significa que no tendrán derecho a pensión y que perderán lo que han pagado durante años con mucho sacrificio. El problema, explicó Cánovas, se agrava más cuando se trata de personas mayores de 55 años, a los que les cuesta mucho encontrar un trabajo durante 4 ó 5 meses al año, ya que se verán excluidos de oficio de la Seguridad Social. Además, considera injusta la medida transitoria que propone el Real Decreto consistente en incrementar la aportación del trabajador de las actuales 11.000 pesetas a casi 24.000, perdiendo el derecho a la baja por enfermedad. Por otra parte, el trato que se da a los pequeños agricultores de Totana no puede ser impactante sobre su economía: tendrán que cotizar 1.054 pesetas por trabajador y día y comunicar con antelación las altas en la Seguridad Social, requisito sin el cual un obrero no puede cobrar la Incapacidad Laboral Transitoria en caso de enfermedad o accidente. Izquierda Unida ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se debata esta cuestión y en el que cada uno de los grupos municipales se posicione, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias del real decreto para el municipio de Totana y que afecta de forma directa a casi 5.000 trabajadores y trabajadoras agrícolas. Además, a través de una moción, solicita a la corporación que adopte el acuerdo de dirigirse al Presidente del Gobierno para pedir la retirada de estas medidas, a todas luces injusta y perjudicial para las clases más humildes, y se comprometa a apoyar las movilizaciones y actuaciones que se emprendan para la retirada de la ley y exigir que las reformas no pongan en peligro los derechos de los trabajadores eventuales agrícolas y los pequeños agricultores del municipio. Según anunció Cánovas, desde Izquierda Unida se convocarán asambleas para informar a todos los afectados y afectadas de las consecuencias de la entrada en vigor del real decreto. "Vamos a intentar, al igual que se está haciendo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, que en Totana se produzcan las movilizaciones oportunas para sensibilizar a los poderes públicos y colectivos sobre un hecho que influirá de forma importante en el futuro de muchos ciudadanos", señaló.