Ayuntamiento de Totana

(26/06/2001)

El Alcalde de Totana, Alfonso Martínez Baños, acompañado por los representantes del comité de empresa del Ayuntamiento Paqui Andreo y Antonio García, de CC.OO y U.G.T. respectivamente, informó del proceso que se lleva a cabo para la regularización de un grupo de trabajadores en fraude de ley en respuesta a las manifestadas realizadas por miembros del Grupo Popular acusando al gobierno municipal de "estar elaborando bases para contratar a personas con nombres y apellidos, amigos del Alcalde o de algún miembro del equipo de gobierno".

El proceso se inició a principios de la actual legislatura, cuando el gobierno municipal vio la necesidad de establecer un acuerdo marco para regular las relaciones entre Ayuntamiento y trabajadores, ya que el anterior había quedado obsoleto y el PP en su etapa de gobierno no tuvo voluntad política para ello. De un primer informe del acuerdo se desprendía que era necesario abordar con urgencia la situación de un grupo de cuarenta trabajadores en fraude de ley o contratados de forma irregular antes de seguir profundizando en su desarrollo y que correspondía llevar a cabo un proceso de regularización, que se ha ido ajustando a la Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado de año 1998, elaborada por el PP y negociada con los sindicatos, encaminada a convertir empleo temporal en fijo. El Alcalde explicó que este largo proceso, en el que se ha tenido que estudiar caso por caso la situación de los trabajadores, ha llegado al final con la convocatoria de plazas y elaboración de las correspondientes bases, ya aprobadas y en exposición pública, para que las personas afectadas tuvieran la oportunidad de regularizar su situación, y añadió que procesos similares se han realizado en municipios como Torres de Cotillas, Alguazas o San Javier y en la propia Comunidad Autónoma. De los cuarenta trabajadores contratados por el Ayuntamiento en fraude de ley, únicamente quedan dieciséis en situación irregular. En opinión del Alcalde, se está pretendiendo intoxicar y vender que se está produciendo una situación de "enchufismo y amiguismo", cuando lo que se está haciendo es regularizar una situación anómala. Explicó que el Ayuntamiento pudo optar por despedir a los trabajadores, algo negativo tanto para éstos, que no son responsables de que se haya creado tal situación, como para el Ayuntamiento, que hubiera tenido que hacer frente indemnizaciones cercanas a los 90 millones, por lo que considera que "no es responsable hacer populismo y demagogia con determinados temas que afectan a personas y procesos recogidos en la ley". Por su parte, los miembros del comité de empresa criticaron la actitud de algunos miembros del Grupo Popular, a quienes acusaron de estar llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el gobierno municipal al tiempo que contra los sindicatos que tienen representación en el Ayuntamiento, y dijeron no estar dispuestos a "permitir que tales agresiones sigan cuando sus argumentaciones son falsas y no llevan a ninguna parte". Además, aseguraron que la situación a la que ahora se pretende dar solución se agudizó entre el 95 y el 99, años en los que el PP estaba al frente del gobierno. En este sentido hicieron un llamamiento a los miembros del grupo popular para que se informen y que acudan a los tribunales si tienen dudas sobre el proceso, en el que los sindicatos participarán para garantizar que se respeten los principios de mérito, igual y capacidad que establece la ley.