Ayuntamiento de Totana

(22/10/2002)

El Alcalde de Totana, Alfonso Martínez Baños, se mostró tajante al afirmar que el ex-concejal José María Cánovas, a quien el PP acusa de hacinar inmigrantes en oficinas, no tendrá un trato de favor por parte del gobierno. Con el fin de despejar las dudas que pudieran existir al respecto, anunció que en este caso se adoptarán de inmediato las mismas medidas que ya se están aplicando en situaciones similares para evitar el hacinamiento en las viviendas y garantizar la habitabilidad en condiciones de salubridad e higiene.

Nada más tener conocimiento de la denuncia realizada por el Partido Popular, Martínez Baños, ordenó a la Policía Local que comprobara los hechos y redactara el correspondiente informe, en el que se indica que una de las plantas está ocupada por 8 personas y otra por 9. Además, esta misma mañana se han dado instrucciones a los servicios de Urbanismo para que al igual que se está actuando en otros casos similares, proceda a revisar los contratos de arrendamiento y regular la situación. El primer edil recordó que el Ayuntamiento de Totana está procediendo desde hace varias semanas a la revisión de los contratos de arrendamiento depositados en el Servicio de Estadística, una medida con la que se trata de comprobar si en una misma vivienda residen más de un arrendatario y subarrendatario, en cuyo caso se requerirá al propietario para que solicite la correspondiente licencia de actividad de fonda o pensión, lo que permitirá revisar si las instalaciones reúnen las condiciones necesarias. Advirtió que a los propietarios que no soliciten la licencia se les impondrán multas de elevada cuantía. Otra medida adoptada por el Ayuntamiento de Totana, en contra de las directrices del Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Gobierno de España, que permite empadronar hasta 10 inmigrantes en una misma vivienda, es no permitir el empadronamiento en una misma vivienda alquilada a más de un arrendatario o unidad familiar (matrimonio, descendientes y ascendientes), o como máximo a un subarrendatario, a menos que tenga el alta como una actividad de fonda o pensión. La falta de legislación, explicó el Alcalde, impide a los ayuntamientos actuar para evitar el hacinamiento en las viviendas como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes. Por ello, durante meses los servicios jurídicos municipales han estado trabajando y buscando fórmulas legales que permitan atajar esta situación. Las medidas adoptadas han contado con la opinión favorable de Murcia Acoge, asociación que trabaja con inmigrantes, y el próximo jueves se trasladarán al Foro de la Inmigración ante el interés que ha suscitado la iniciativa del Ayuntamiento de Totana en otros ayuntamientos de la Región. El Alcalde destacó que el Ayuntamiento de Totana es el único que está tomando medidas efectivas para evitar el hacinamiento en las viviendas, y apuntó que "lo que debería estar haciendo el Gobierno de España es legislar para que los ayuntamientos tuviéramos autoridad y mecanismos con los que evitar situaciones de hacinamiento, y no obligarnos a caminar sobre el filo de la navaja para evitar una situación que está creando enorme conflictividad social".