Ayuntamiento de Totana

(26/09/2002)

El Alcalde de Totana, Alfonso Martínez Baños, ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando todas las vías posibles para instrumentar medidas que eviten el hacinamiento de personas en las viviendas.

Según el Alcalde, ni la actual Ley de Extranjería ni otras leyes han previsto mecanismos para que los ayuntamientos puedan intervenir en la resolución de los problemas que se derivan del uso de la vivienda con la llegada masiva de inmigrantes. Las frecuentes situaciones de hacinamiento llevan consigo problemas de salubridad e higiene, alquileres abusivos y molestias a la vecindad. Estas situaciones, que perjudican la convivencia y dificultan la integración, son las que se pretenden evitar. Los juristas del Ayuntamiento de Totana estudian un mecanismo legal que permita evitar el hacinamiento y garantizar la habitabilidad en condiciones de salubridad e higiene. La solución propuesta consiste en considerar que cualquier vivienda en la que residan más de un arrendatario y subarrendatario como una actividad económica de fonda o pensión, con lo cual los propietarios deberán solicitar ante el Ayuntamiento la correspondiente licencia de actividad, lo que permitirá revisar si las instalaciones reúnen las condiciones necesarias. La puesta en marcha de este mecanismo se producirá en los próximos días, y para ello se hará una revisión de los contratos de arrendamiento depositados en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento. En los casos en que se detecte esta situación, el propietario recibirá un requerimiento del Ayuntamiento para tramitar la correspondiente licencia de actividad, percibiéndole que de no hacerlo se procederá a precintar el establecimiento. El Ayuntamiento de Totana, preocupado por esta situación, puso en marcha hace dos años una campaña para inspeccionar las viviendas del municipio en las que residían inmigrantes. La intención era comprobar las condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de éstas, y evitar el hacinamiento. La campaña no dio los resultados esperados, los propietarios de las viviendas, al tener conocimiento de que sólo se podía acceder a ellas con permiso de los ocupantes, alertaron a sus inquilinos para que no permitieran la entrada a los inspectores.