Ayuntamiento de Totana

El Partido Popular suprime el IAE y propone a los ayuntamientos aumentar el Impuesto de bienes Inmuebles

(16/12/2002)

La Presidencia Federal de Izquierda Unida aprueba por unanimidad el pasado 11 de noviembre una Resolución sobre el proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales.

PRESIDENCIA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA RESOLUCIÓN PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Aprobada por unanimidad en la P.E.F del 11 de noviembre de 2002) El pasado 11 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales, instando su tramitación por la vía de urgencia. En el Proyecto de Ley se establece un nuevo marco de financiación local, que no ha sido negociado ni pactado con las diferentes fuerzas políticas, ni con la FEMP, a pesar de que se lleva trabajando en diferentes propuestas y realizando estudios desde hace mas de dos años. Esta reforma prevista incluye modificaciones esenciales en el modelo de financiación actual, y no sólo no resuelve los problemas de financiación de los Ayuntamientos, sino que más bien los agrava, alejándose del objetivo de suficiencia financiera previsto en el Art. 142 de la Constitución española. El Proyecto del Gobierno establece modelos de financiación diferentes según los tramos de población, genera incertidumbre en los métodos de cálculo de los ingresos locales y fija lo que en la práctica se puede considerar la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), ampliando el recorrido fiscal de otros impuestos con diferente sujeto pasivo y, además, fija un modelo de financiación que entrará en vigor en el año 2004 a pesar de que la ley entra en vigor el 1de enero del año 2003, quedando por tanto un año sin fórmula aplicable y con pérdida de recursos para los Ayuntamientos. Haciendo un análisis del texto remitido a las Cortes Generales habría que señalar lo siguiente: - La supresión o exención del IAE tanto para las personas físicas como para todas las empresas o profesionales que tengan un importe neto de cifra de negocio inferior a un millón de euros, va a suponer una pérdida de recaudación de aproximadamente un 90% de lo que se venia ingresando por este concepto y, además, plantea un indudable problema de gestión, toda vez que para los Ayuntamientos será prácticamente imposible establecer un padrón realista de los sujetos de este impuesto, al carecer de mecanismos para conocer previamente si el nivel de cifra de negocio supera o no el millón de euros. - Como alternativa a esta "exención" del I.A.E., el Proyecto de Ley establece como únicas medidas que pueden paliar parcialmente la reducción de recursos de los Ayuntamientos, la ampliación del recorrido del Impuesto de Bienes Inmuebles, gravando así la propiedad de la vivienda o del local comercial o industrial. En consecuencia, lo que se pretende es eliminar como sujeto pasivo a los titulares de la actividad económica y cargar la misma sobre el conjunto de los ciudadanos, lo que rompe cualquier aproximación a un modelo racional y progresivo del sistema impositivo local. - Igualmente, en el Proyecto de Ley prácticamente desaparecen los ingresos que se obtenían por la denominada Tasa por el Otorgamiento de las Licencias Urbanísticas, al fijarse obligatoriamente su deducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Los ingresos que se obtienen por esta Tasa derivan mayoritariamente de la concesión de licencias abonadas por las grandes promociones urbanísticas que se desarrollan en la ciudad y, por tanto, los grandes beneficiarios de esta regulación serán los grandes promotores inmobiliarios. -Además este Proyecto de Ley no aborda la tan reclamada tasa por la utilización del espacio radioeléctrico, limitándose a ampliar la actual obligación de pagar el 1.5 % de los ingresos brutos de las empresas suministradoras, para que también lo paguen las distribuidoras y comercializadoras de servicios a través de las correspondientes redes (referido fundamentalmente a las empresas de telecomunicaciones que utilizan el dominio público local). - Por último, habría que señalar que el Proyecto de Ley diferencia dos modelos de financiación de los ayuntamientos según el número de habitantes, previendo la posibilidad de participación en el IRPF y en el IVA sólo a las ciudades con mas de 100000 habitantes y las capitales de provincia, excluyendo de este mecanismo al resto de los municipios del Estado español, que ven así reducido su mecanismo de financiación y para los que no se prevé un sistema complementario de financiación que les permita compensar las pérdidas de recursos que las medidas previstas van a ocasionar. En todo caso, incluso para los grandes municipios, el modelo de participación no entraría en vigor hasta el año 2004, sin que se prevea ninguna fórmula complementaria que compense la pérdida de recursos para el año 2003. Hay que reseñar, además, que este Proyecto de Ley se ha tramitado por el gobierno unilateralmente, sin haber sido consensuado con la FEMP ni haber establecido mecanismos de acuerdo y participación con otras fuerzas políticas mas allá de la pura mecánica parlamentaria. IZQUIERDA UNIDA rechaza radicalmente este Proyecto de Ley por las siguientes razones: PRIMERO.- La desaparición del Impuesto de Actividades Económicas sin fijar una compensación adecuada y sin haber estudiado otras fórmulas de progresividad fiscal en esta materia, supondrá un grave quebranto económico para las haciendas locales en el año 2003 y empobrece la variedad del modelo impositivo local. I.U. defiende la necesidad de estudiar el I.A.E. con criterios de progresividad y tratamiento diferenciado según la actividad y sus ingresos pero debe hacerse con un estudio pormenorizado que garantice la progresividad y la gestión racional del mismo. El Proyecto de Ley sin embargo establece fórmulas que torticeramente pretenden aumentar la carga fiscal municipal sobre el conjunto de los ciudadanos a cambio de dejar de gravar la actividad económica. En consecuencia, la exención del IAE no supone una rebaja fiscal como repite el gobierno del PP, sino en todo caso un cambio de los sujetos pasivos que van a soportar la presión fiscal. SEGUNDO.- No soluciona el problema de financiación de las Corporaciones locales, sino que camina en dirección opuesta al mandato constitucional previsto por el Artículo 142 de suficiencia financiera de los ayuntamientos. No da respuesta a las necesidades de financiación de las competencias de otras administraciones que se vienen soportando por los ayuntamientos en materias tan sensibles y necesarias para los ciudadanos como el empleo los servicios sociales, la educación... Este proyecto se aleja de la solución del problema y denota la clara voluntad del Partido Popular de debilitar a las administraciones locales, y de avanzar hacia un modelo que deja cada vez menos margen a la autonomía local. TERCERO.- Este Proyecto no ha sido consensuado ni con las fuerzas políticas ni con la FEMP. El Partido Popular ha actuado con deslealtad y oscurantismo a la hora de elaborar este Proyecto de Ley, al negarse a consensuar las necesarias reformas en materia de financiación local. I.U. siempre ha defendido la necesidad de abordar la suficiencia financiera de las corporaciones locales desde un amplio consenso, para garantizar la mayor participación y la estabilidad del modelo. La presentación por parte del PP de este Proyecto de manera unilateral, supone un acto de autoritarismo y de desprecio democrático no solo a las fuerzas políticas, sino también a la propia Federación Española de Municipios y Provincias completamente inadmisible. CUARTO.- IU rechaza este Proyecto de Ley porque, al no garantizar la suficiencia financiera de las Corporaciones locales y reducir sus recursos, el PP pone en peligro la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos y, por tanto, limita la posibilidad de los ayuntamientos de aumentar la calidad de vida, la cohesión social y el bienestar del conjunto de los españoles que desarrollan su actividad en los mas de 8000 pueblos y ciudades del conjunto del Estado. En base a lo anterior la Presidencia Federal de IU adopta los siguientes acuerdos: - IU exigirá en todos los ámbitos la necesidad de buscar el consenso en materia de financiación local y, en consecuencia, exige al PP la retirada del Proyecto del Ley de reforma de la Ley de Haciendas Locales. - Para IU cualquier modificación del modelo actual debe garantizar la suficiencia financiera de las Corporaciones locales y el estudio de un modelo fiscal progresivo, equilibrado y racional que lo garantice. - En todo caso se debe garantizar a los Ayuntamientos la no disminución de sus ingresos en el año 2003 respecto a los obtenidos en el actual ejercicio. - IU propondrá y llevará adelante movilizaciones, actos de protesta y presentación de mociones en los Ayuntamientos contra esta nueva agresión del Gobierno del PP que ya está siendo contestada por una buena parte del municipalismo español. - IU, en las diferentes ciudades, realizará actos y campañas informativas a los ciudadanos, explicando las consecuencias para la calidad de vida y la prestación de los servicios públicos de estas medidas propuestas por el Partido Popular. Madrid, 11 de noviembre de 2002