Ayuntamiento de Totana

VARIOS CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR DE TOTANA DECLARAN ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

(18/02/2002)

DEBERÁN RESPONDER DE SU ACTUACIÓN AL PAGAR CERTIFICACIONES POR MÁS DE 38 MILLONES, SUPERIOR A SU PRECIO REAL, A LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

Según se informa en un comunicado de prensa, hecho público por Izquierda Unida de Totana, varios concejales del Partido Popular- entre los que se encuentran Juan José Salas, José Martínez Andreo, Mari Carmen Fernández, Lucia Cánovas y el dimitido Francisco Casanova - han sido llamados a declarar por su actuación cuando ostentaban el Gobierno Municipal de Totana. Concretamente los hechos, que podrían ser motivo de prevaricación, se remontan a los meses de mayo y junio del año 99 cuando la Comisión de Gobierno del PP aprobó unas certificaciones “infladas”, sin el preceptivo informe técnico – en una comisión de gobierno anterior los propios ediles populares aprobaron que no se podían emitir certificaciones a URBASER sin el pertinente informe técnico -, por valor superior a 38 millones de pesetas a favor de la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas. El mencionado exceso en las certificaciones de obras fue reconocido en su momento por URBASER – la empresa concesionaria – quien reintegró a la Corporación el aludido montante. En otro orden de cosas la formación de izquierdas recuerda que estos actos, hoy llevados a juicio, se produjeron una vez celebradas las últimas elecciones municipales – junio de 1.999 – cuando el acuerdo entre IU y PSOE era un hecho prácticamente y el Partido Popular, encabezado por Juan Morales, sabía que “sus días al frente de la Corporación Municipal Totanera tocaban a su fin.” Por último el comunicado de prensa resalta que casi la totalidad del Grupo Popular se encuentra “bajo sospecha” lo que sin lugar a dudas le desautoriza para desempeñar su labor de oposición, apelando a que asuman su responsabilidad política y dimitan de sus cargos para no deteriorar la imagen del Ayuntamiento.