Ayuntamiento de Totana

“LOS CONCEJALES DE IU EN TOTANA, RECURREN LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE QUE ORDENABA EL PAGO DE LOS GASTOS JURIDICOS A LA SECRETARIA, ACUSADA EN LA OPERACIÓN TÓTEM”

(23/01/2008)

La formación de Izquierdas considera escandaloso que el pueblo de Totana, además de ser víctima en el caso, abone los gastos jurídicos, cuando es claramente ilegal.

Los concejales de IU en el Ayuntamiento de Totana, presentarán mañana, día 24, en el registro municipal, un Recurso de Reposición a la Resolución, del Alcalde en funciones del pasado 16 de enero, por la que se reconocía el derecho a abonar los gastos jurídicos a la secretaria municipal, Laura Bastida, por el proceso en el que está acusada, por falsedad en documento público y falso testimonio, en el marco del caso “Tótem”. Bastida, que se encuentra en libertad, bajo fianza de 20.000 euros, solicitó un derecho, contemplado en el Acuerdo Marco que rige las relaciones de los funcionarios del Ayuntamiento de Totana y que contempla la cobertura jurídica del personal municipal (con los servicios propios del Ayuntamiento). Contrariamente a ese precepto, el Alcalde en funciones, Juan Carrión, le concede el derecho, abonando los gastos de los abogados que ella elija, libremente. Resulta escandaloso, que el pueblo de Totana, tenga que abonar los gastos jurídicos, que pueden ser muy cuantiosos, a una funcionaria, acusada de falsedad en documento público por la Justicia, cuando su función es velar por que se cumpla la legalidad en los actos celebrados por la Institución Municipal. Si la secretaria municipal hubiese cumplido con su cometido, no estaría acusada ni el alcalde, José Martínez Andreo, se encontraría en prisión por ese presunto delito, si es ese el motivo, según las manifestaciones de los populares en Totana. Este paso, según la formación eco socialista, supone un “palo de ciego” más de los muchos que ha dado el Gobierno del PP, desde el inicio de la operación, llevada a cabo por la Unidad Central de la Guardia Civil y coordinada por el Fiscal Anticorrupción. Se preguntan, desde IU, si no será una forma de contentar a una funcionaria, cuyo sueldo total supera los 60.000 euros anuales, que salen del bolsillo de los ciudadanos de Totana. Se da la circunstancia de que fue la misma secretaria la que eliminó el derecho a la asistencia jurídica a funcionarios, eligiendo ellos los abogados, en la negociación de Acuerdo Marco del año 2005. Ahora pretende hacer uso de un derecho que ella negó al resto de técnicos, imponiendo que la asistencia letrada fuese llevada por los Servicios Internos Municipales, tal y como se reflejó en el Acuerdo Marco, en vigor, publicado en julio de 2005.