Ayuntamiento de Totana

"Por qué Izquierda Unida rechaza esta reforma universitaria"

(11/12/2001)

Desde hace más de una década IU ha unido su voz a la de sindicatos y otros sectores de la comunidad universitaria para reclamar la necesidad de acometer un debate público, amplio y participativo, sobre la reforma de la todavía vigente LRU, una vez reconocidas sus insuficiencias ante las nuevas demandas sociales, y detectados importantes fallos o perversiones en su aplicación. La posición de IU a lo largo del proceso seguido hasta la fecha ha sido y sigue siendo la de exigir un auténtico debate social que, cuando menos, permita identificar los auténticos problemas que tiene la Universidad, para buscar soluciones ampliamente compartidas. No es de recibo que el PP, amparándose en el rodillo de su mayoría absoluta, pretenda imponer su reforma de la Universidad contra viento y marea. Una contrarreforma que, además de no responder a las necesidades efectivas de la Universidad pública española, va a suponer un auténtico retroceso en algunos de los más interesantes logros en docencia, investigación y gestión democrática que se han ido consiguiendo desde el final del franquismo.

Concretando: rechazamos esta reforma universitaria, entre otras cosas, porque a) no incluye un plan de financiación que asegure una Universidad pública de calidad, que cumpla unos requisitos básicos comunes en todos los territorios del Estado y permita acercar el gasto público universitario a la media europea, especialmente alejado en becas y ayudas a los estudiantes; b) vulnera el principio constitucional de autonomía universitaria, imponiendo "representantes" del poder político en los órganos de gobierno de la Universidad y estableciendo unos Consejos Sociales convertidos en consejos de gobierno paralelos; c) supone un serio recorte de la democracia participativa en el gobierno de las universidades, al acentuar el poder de los Rectores en detrimento de los Claustros y al reducir la representación de los estudiantes, del profesorado contratado y del personal de administración y servicios. ; d) no asegura carrera docente alguna, sino que multiplica artificialmente las categorías de profesorado y deja sin resolver la precaria situación de los actuales PNNs; e) introduce la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes a las Universidades públicas y va a multiplicar discrecionalmente las pruebas, lo que incrementará las diferencias tanto entre las universidades como entre los distintos estudios de cada universidad; y f) impulsa la privatización de la enseñanza superior y de la investigación, al facilitar las normas de creación y puesta en marcha de las universidades privadas e incorporar automáticamente a los rectores de éstas, con voz y voto, al Consejo de Coordinación Universitaria. Izquierda Unida ha manifestado su total apoyo a las movilizaciones de los días 7 y 14 de noviembre y ha reiterado su voluntad de seguir luchando, dentro y fuera del Parlamento, por un modelo de Universidad pública, basado en los principios de autonomía plena, democracia participativa, corresponsabilidad ante la sociedad y financiación pública suficiente para asegurar una calidad docente e investigadora en condiciones de igualdad.